Durante la discusión del tema, Luis Borjas Romero (PRI) recordó que es el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien evalúa el desempeño de los jueces y magistrados, que en su caso, como éste, aprueba que sea ratificado, pero en esta ocasión se ha puesto en tela de juicio esta determinación sobre el trabajo profesional y ético del sujeto en cuestión, que obtuvo el 82% de eficiencia en las resoluciones durante un periodo de seis años.
En respuesta, Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano) acusó que el magistrado no se ha apegado a los principios rectores, dejando a los ayuntamientos con deudas, lentitud en los laudos, por lo que no ha cumplido con la eficiencia que el cargo exige.
Ante ello, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que el problema de la deuda de los ayuntamientos a causa de los laudos, no es responsabilidad del magistrado o el tribunal en cuestión, sino de los municipios, por lo que el Poder Legislativo debe trabajar para apoyar con instrumentos presupuestarios para subsanar esta situación.
Rosa Díaz Lizama (PAN), señaló que el magistrado presidente ha quedado a deber a la ciudadanía, porque no tuvo la iniciativa de presentar propuestas para mejorar el marco legal con mecanismos que puedan resolver los procedimientos de esta índole, así como la falta de justicia hacia los trabajadores, por lo que “no ha cumplido con los intereses de los ciudadanos ni de los ayuntamientos”.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI), indicó que el magistrado mencionado cumple con todos los requisitos que establece la Constitución Política de Yucatán para ser ratificado y, hasta el momento, no ha existido una razón jurídica en comisión ni en el pleno que diga lo contrario.
Por último, Milagros Romero Bastarrachea (MC) recordó que en la iniciativa que presentó y fue aprobada para establecer plazos para la resolución de los procedimientos por despido de trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, fue a raíz del problema que existe del retraso de los juicios por parte de los abogados, que representa una irregularidad en los casos.
Durante la sesión de apertura, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad la convocatoria para elegir a un miembro de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción, para lo cual se convoca a instituciones de educación superior y de investigación, para que propongan a candidatos para el cargo, con un período de tres años; para lo cual, se otorgarán 12 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación, para la presentación de propuestas.
De la misma manera, fue avalada la convocatoria para designar a tres consejeros consultivos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), para lo cual se invita a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y sociedad en general, para la realización de propuestas en un plazo de 12 días hábiles, contados a partir de su publicación.
Alejandro Cuevas Mena (PRD), invitó a sus compañeros legisladores ayudar a estas convocatorias a tener la máxima publicidad, para ser “los más grandes proactivos de este tema”, incluso visitando a quienes tienen la posibilidad de presentar candidatos, para que sean parte de la vigilancia de las cuentas públicas.
De la misma manera, las siete fuerzas políticas avalaron por unanimidad el Punto de Acuerdo, presentado por Alejandro Cuevas, para que el Congreso del Estado incluya en su organización y funcionamiento los principios del modelo de Parlamento Abierto e inicie las acciones establecidas en la Alianza para el Parlamento Abierto en México.
También, las y los diputados aprobaron por unanimidad el Punto de Acuerdo para que el Congreso de Yucatán exhorte respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión, para que lleve a cabo las reformas y adiciones necesarias al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de México, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 27 de enero de 2016, con el objeto de precisar que no se debe utilizar la unidad de medida y actualización sino el salario mínimo como referencia para el cálculo de pensiones y jubilaciones.
El promovente del acuerdo, Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza) mencionó que esto es un acto de justicia para los trabajadores que han reclamado estas disposiciones desde 2017, cuando les cambiaron el régimen, viendo una baja en sus percepciones.
Erigidos en Constituyente Permanente, la actual Legislatura aprobó por unanimidad la minuta de la Cámara de Diputados para adicionar el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de México, para que las personas y los pueblos afromexicanos puedan gozar de derechos, autonomía e inclusión social.
Karla Franco Blanco (PRI), aseveró que se consolida el respeto y trato digno a la comunidad Afromexicana que representa el 1.2% de la población en el país. Por otro lado, Leticia Eúan Mis (Morena) realizó un recuento de las acciones del Gobierno Federal, con motivo del Primer Informe del Ejecutivo Nacional.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 4 de septiembre del presente año a las 11 de la mañana.
