En la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para desechar la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del Isstey en Unidades de Medidas de Actualización (UMAs).
Luis Aguilar Castillo (NA), manifestó que es un acto de justicia hacia los trabajadores, quienes están ansiosos de esta respuesta para darles certeza y tranquilidad de que las pensiones y jubilaciones seguirán siendo por medio de salarios mínimos, al igual que reconoció el profesionalismo como fue atendido el tema.
En la sesión, también fueron avaladas por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán, para que establezca y precise el objetivo fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción, al erradicar de los órganos de gobierno, las prácticas de corrupción realizadas por servidores públicos y particulares, a través de políticas de prevención, identificación y sanción, que impidan permanentemente a los responsables tener trato alguno con el sector público, la cual establece la inhabilitación de funcionarios que cometan actos de corrupción, hasta el grado de lo que coloquialmente se le conoce como “muerte civil”.
De la misma manera, se aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán para dotar de autonomía y cambiar de Vicefiscalía a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con un presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total.
La diputada del PAN, Rosa Díaz Lizama (PAN), seguida de la presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI), aclararon que no hubo discusión de estos temas, porque fueron trabajados en una reunión donde se despejaron dudas y acordaron propuestas.
De la misma manera, Silvia López Escoffié (MC) indicó que ambas iniciativas dotan al Ejecutivo estatal para que haga un verdadero esfuerzo para combatir a la corrupción, además de que se está trabajando para que en un futuro “la corrupción no dañe a los ciudadanos”.
“Ahora, solo falta hacer las adecuaciones en las leyes pertinentes, porque Yucatán es un estado que está marcando pautas, no es fácil ponernos de acuerdo, pero cuando hay voluntad política podemos salir adelante”, resaltó.
En su turno, Miguel Candila Noh (Morena) añadió que con estos dictámenes se está protegiendo al ciudadano y tendrá la seguridad, en cualquier elección popular, que existen candidatos que no han sido sancionados por los casos mencionados; por otro lado, reiteró la propuesta de que comparezca ante esta comisión, el titular de la actual Vicefiscalía en la materia, Enrique Goff Allioud, que fue secundada por la diputada Díaz Lizama.
Para finalizar, se distribuyó la ficha técnica y el cuadro comparativo de dos iniciativas que reforman la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación, la primera para incluir la enseñanza de lenguaje con señas y, la segunda, de la lengua maya, ambas en la educación básica.
Para ello, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) recordó que el 30 de septiembre se publicó la Ley General de Educación en el Diario Oficial de la Federación, que expide las leyes secundarias de la reforma educativa y que contempla 180 días para que las Legislaturas locales armonicen estas disposiciones en sus normas estatales, por lo que probablemente se hagan actualizaciones y ajustes, por lo que se pudiera esperar a que el Congreso de la Unión remita este tema al Legislativo yucateco, para incluir las iniciativas antes mencionadas.
