Homún enfrenta una andanada de trampas jurídicas de la megagranja porcícola que ponen en riesgo sus cenotes, sus derechos como pueblo maya, el derecho a la salud de la infancia y el agua de una zona particularmente vulnerable como es la principal reserva geohidrológia de la península.
Después de intentar recusar a la juez cuarta de distrito sin éxito y después de que la misma juez mantuvo la medida cautelar, la megagranja porcícola de Homún intenta una nueva maniobra para retirarla del caso: nombra como su nuevo representante legal a un abogado que lleva asuntos personales de la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón. En su escrito de presentación como nuevo representante de PAPO ese abogado, Pedro Carbajal Jiménez, quien litiga desde hace años diversos asuntos ante el Consejo de la Judicatura, le recuerda a la juez que el vínculo que existe entre ellos toda vez que le lleva asuntos particulares y le advierte que debe declararse impedida de conocer el caso.
Este último recurso, una especie de trampa jurídica de PAPO que exhibe la vulnerabilidad del sistema judicial y que buscaría cambiar de Juez para retirar la medida cautelar y así lograr introducir cerdos a la megagranja, lo interpretamos también con preocupación como una maniobra para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca y decida sobre la medida cautelar otorgada a favor de la infancia de Homún, que consistió en la paralización total de las actividades de la megagranja que se encuentra en una zona especialmente vulnerable, como es la reserva geohidrológica anillo de los cenotes, con el fin de evitar daños irreversibles a la salud, al medioambiente y a los derechos del pueblo maya, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Efectivamente, a raíz de la presentación del nuevo abogado, la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón presentó un escrito al Tribunal Colegiado para que califique el impedimento, expresando que es cierto lo que manifiesta el nuevo representante de la megagranja porcícola. La celeridad con la que se le ha otorgado número al caso nos hace temer una prisa inusual en el Tribunal para resolver antes de que la Suprema Corte de Justicia determine acerca la medida cautelar.
El máximo tribunal del país decidió ejercer su facultad de atracción sobre este caso en agosto pasado y al hacerlo subrayó la relevancia de un asunto que implica a la infancia, al pueblo maya, al medio ambiente en el contexto de una medida cautelar. Si un Juez de distrito revocara la medida cautelar, el asunto quedaría sin materia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A los Guardianes de los Cenotes, las representantes de la infancia y a Indignación nos preocupa que la estrategia de la megagranja de nombrar como representante a un abogado que lleva asuntos personales a la Juez podría tener como intención que el asunto lo lleve alguno de los juzgados que se han mostrado más favorables hacia la empresa en detrimento de los derechos del pueblo maya de Homún, privilegiando falacias desarrollistas como los cuestionables empleos que traería la granja.
Tal es el caso del juzgado segundo, que ha exhibido una mentalidad restrictiva y regresiva en sus resoluciones y que no ha incorporado los más amplios criterios en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos, además de una serie de resoluciones reiteradas en contra del interés del pueblo maya de Homún. De hecho, en otro de los amparos que regresó a este juzgado segundo por no considerar el principio precautorio, el juez acaba de nombrar como perito a uno de los funcionarios de PROFEPA que clausuró los cenotes de los Guardianes como represalia en septiembre de 2018, es decir, que sin duda puede presentar una animosidad en contra del pueblo de Homún.
Por su parte, el Juzgado primero, quien también conoció el caso de Homún en un amparo diverso de la comunidad, determinó sobreseer el caso aduciendo su complejidad.
Hace apenas unas semanas PAPO presentó un recurso ante la Juez para solicitar que se revoque la medida cautelar dictada, toda vez que “ahora sí ya se encontraba lista la planta de tratamiento”. La Juez cuarta de distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón, negó la revocación solicitada y mantuvo la medida cuatelar.
Sobre esa tramposa solicitud de PAPO hay que subrayar la responsabilidad del Gobierno de Yucatán, que continuaría litigando indebidamente a favor de la empresa, puesto que para solicitar la revocación de la medida cautelar la megagranja alegó que su planta ya estaba ahora sí lista para funcionar y presentó como prueba “superviniente” un acta de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán.
Lo anterior fue incorrecto y tramposo porque la efectividad del sistema de tratamiento de aguas residuales de la granja es una cuestión que se analizará en el cuaderno principal, es decir, es una cuestión de fondo; porque la Secretaría de Desarrollo Sustentable no es la autoridad para determinarlo; porque el acta en cuestión sólo determina que “los componentes de la planta están ensamblados y en condiciones de funcionar” pero no es una prueba pericial y técnica para acreditar el funcionamiento óptimo de este sistema de tratamientos de aguas que garantice a la infancia de Homún un medio ambiente sano, pues no incluye análisis para verificar la calidad del agua tratada que se verterá al suelo, por lo tanto no determinaría la eficacia de este sistema para evitar un desastre ecológico.
Además, con ese alegato de la empresa se evidenció la mala fe e irresponsabilidad con la que actúa pues ella misma confiesa que cuando introdujo cerdos a la granja, en septiembre de 2018, no contaba con un sistema concluido de tratamiento de agua residual; evidencia la colusión de las autoridades, en específico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de permitir operar la granja sin garantizar la no contaminación y también se evidencia la violación de la medida cautelar por parte de las autoridades responsables al no vigilar el cabal cumplimiento de la misma, pues el efecto de esta suspensión consistía en paralizar las operaciones de la granja suspendiendo los efectos de todos sus permisos entre ellos la licencia de construcción de unidades de tratamiento de aguas residuales, la suspensión del permiso de extraer agua del subsuelo y descargar aguas residuales, la suspensión de todos los permisos como licencia de funcionamiento, la manifestación de impacto ambiental, entre otros.
Todas esas trampas puestas en evidencia, podrían intentarse de nuevo ante un nuevo juzgado si logran retirar del caso a la Juez cuarta de distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón, y pondrían en riesgo la medida cautelar establecida precisamente para evitar daños irreparables a la infancia de Homún, al agua, al medioambiente y a los derechos del pueblo maya.
