En la sesión ordinaria de este miércoles, Milagros Romero Bastarrachea (MC) argumentó que cada día, nueve mujeres son asesinadas en México, y aunque en Yucatán, estos lamentables hechos sólo representan menos del uno por ciento, el 70% de las féminas son violentadas.
En la misma tónica, Fátima Perera Salazar (Morena) advirtió que, según cifras del INEGI, en el país, el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión, mientras que en un 43.9 por ciento, los causantes son sus esposos o parejas, sin embargo, la violencia se presenta en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, que incluyen también a familiares y desconocidos.
En ese sentido, añadió que resulta prudente promover campañas en medios de comunicación, cursos y talleres de sensibilización en escuelas que alerten sobre los diferentes tipos de violencia y sus efectos devastadores, aunque aparentemente sean invisibles sobre las personas que la viven.
Aunado a lo anterior, Janice Escobedo Salazar (PRI) resaltó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2018, se contabilizaron, conforme a su tipificación en las entidades federativas, 2,645 presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional, y en lo que va este año, entre enero y octubre, se han presentado 809 casos, siendo Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Puebla, las entidades con mayores índices.
Es por ello que presentó una iniciativa para contemplar cada una de sus manifestaciones y plasmarlas adecuadamente en el Código Penal de Yucatán, tras un estudio de derecho comparado con las diferentes entidades federativas y una detallada investigación legislativa, con el cual se busca contener todos los supuestos y expresiones que caracterizan el feminicidio y que permiten visibilizar la discriminación contra las mujeres.
En otros temas, La LXII Legislatura aprobó por unanimidad las reformas al Código Fiscal y a la Ley de Tránsito y Vialidad, para que la Secretaría de Administración y Finanzas pueda rematar los vehículos abandonados en los corralones y se mantenga actualizado el inventario de bicicletas, motocicletas y automóviles que estén bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el proceso de venta de las unidades sea por lo menos una vez al año.
Víctor Sánchez Roca (PAN), agregó que el dictamen establece que la SSP tendrá seis meses para generar el inventario de todas las unidades en los depósitos vehiculares, que deberá permanecer actualizado, además de que garantiza a los propietarios de los vehículos retenidos a reclamar sus bienes si así lo acreditan, en un plazo de 60 días, previa publicación de este proceso en cuando menos un periódico de circulación local.
En la plenaria, las siete fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Revisión de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de 42 Informes de Organismos Descentralizados, de Participación Estatal, Fideicomisos y Autónomos (Entidades); 50 Informes de Municipios y 6 Organismos Públicos Descentralizados Municipales.
Para lo cual, Rosa Díaz Lizama (PAN) señaló que todos los entes públicos fiscalizados tienen observaciones que deberán ser solventadas en un plazo de 60 días, al igual que la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto denuncias de más de 4 millones de pesos durante los tres últimos años, pero esta autoridad, no ha especificado el monto recaudado de dichas querellas, por lo que solicitó esta información a la mencionada instancia.
Así mismo, hizo un llamado a los presidentes municipales a no seguir contratando despachos contables que los dejan en abandono, una vez que terminan su gestión administrativa, lo que les genera este tipo de sanciones; por otro lado, hizo lo propio a sus compañeros diputados a continuar el análisis a fondo de las auditorías, además de presentar iniciativas para reforzar el trabajo en la materia.
Por otro lado, con 23 votos a favor y uno en contra, las y los diputados aprobaron por mayoría las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud estatal, para certificar a quien ofrezca el servicio de cirugías plásticas y garantizar la seguridad de los clientes.
Luis Borjas Romero (PRI), manifestó que el dictamen no tiene la intención de vulnerar ningún derecho, ya que su propósito es proteger la salud de las personas que sean sometidas a dichas cirugías relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones del cuerpo, además que propone una herramienta jurídica para evitar y disuadir penalmente la práctica de cirugías plásticas por profesionales que no estén autorizados y cuyo equipo médico no cuente con la certificación institucional requerida.
En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) mencionó que conforme a datos proporcionados por el Consejo Mexicano de Cirujanos Plásticos, el país tiene el tercer lugar en Solicitudes de Intervenciones Estéticas y Reconstructivas, mientras que la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Estética, informa que en Yucatán, al año, se realizan entre 4,500 a 5,000 procedimientos de esta naturaleza por cirujanos certificados, por lo cual, el alcance oficial es considerable, con una tendencia a la alza.
“Ante este escenario crítico y de constante violación de la Ley por parte de grupos que no están facultados para realizar dichos procedimientos quirúrgicos, es urgente y necesario una sanción o tipo penal en el Código Penal del Estado, donde se contemple una consecuencia a aquellos que realicen procedimientos de la especialidad de cirugía plástica, estética, y reconstructiva, sin poseer la debida certificación oficial para hacerlo”, recalcó.
En contraparte, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) expresó que el dictamen transgrede los derechos de libertad de profesión de los doctores que tienen maestría en Cirugía Estética, al igual que generaría una afectación a la esfera jurídica en derechos humanos a los dichos médicos.
De la misma manera, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad las reformas al artículo 7, 21, 40 y primer párrafo del artículo 41 de la Ley de Educación, en materia de Educación Inclusiva, para lo cual, Luis Aguilar Castillo (NA) lo calificó como un paso acertado para construir una mejor educación y ser un estado con vanguardia, porque hablar de inclusión es hablar de grandes cambios en materia de equidad, igualdad y paridad.
María Moisés Escalante (PRI), promovente de la iniciativa, aseveró que se trata de favorecer el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal, considerando la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses de aprendizaje, con un carácter didáctico y curricular diferenciado; así como promover el uso del lenguaje de señas mexicanas, a fin de garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad.
De igual forma, el pleno de los diputados avaló por unanimidad reclasificar la categoría política de Conkal, de pueblo a villa, con un artículo transitorio para que sea aplicada en cualquier fecha a partir del primero de enero de 2020, para lo cual, Karla Franco Blanco (PRI) aclaró que para obtener este grado se necesita un mínimo de 8,000 habitantes y dicha comunidad, ya cuenta con 11,141.
En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) reconoció que Conkal puede obtener esta categoría por su crecimiento habitacional y su desarrollo que puede lograr beneficios e impactos positivos en la población a partir del próximo año.
Por último, fue aprobado por unanimidad la integración de la comisión de postulación “Consuelo Zavala Castillo”, en la cual, Janice Escobedo Salazar será presidenta; Kathia Bolio Pinelo (PAN), vicepresidenta; Fátima Perera Salazar y Silvia López Escoffié (MC), secretarias; así como María Moisés como vocal.
En asuntos generales, Lila Frías lamentó la cancelación definitiva de las Zonas Económicas Especial, en particular, la que albergaría el puerto de Progreso, que representa un tremendo golpe a las inversiones productivas del estado.
“No puedo dejar de sentirme impotente y decepcionada ante el grave daño que hoy nos causa el gobierno de la 4T a los yucatecos y a los mexicanos en general, una vez más demuestran que no están dispuestos a escuchar a quienes piensan diferente a ellos”, recalcó.
En tribuna, Milagros Romero presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, en materia de matrimonio igualitario, ante la iniciativa para modificar el Código de Familia estatal, signada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia, que no impacta la Carta Magna estatal.
Su compañera de bancada, Silvia López presentó una iniciativa para expedir la Ley para la Atención Integral de Cáncer de Mama en el estado, que consta de 58 artículos y 4 transitorios, la cual tiene el principal objetivo de establecer los principios y lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico oportuno, atención, tratamiento adecuado, rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.
De la misma forma, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una propuesta para adicionar artículos a la Ley de Gobierno de los Municipios y a la Ley de la Fiscalización de la Cuenta Pública, para que el Tesorero de cada Ayuntamiento sea preferentemente Contador Público y de no serlo, podrá auxiliarse en sus funciones a través de la contratación de un Despacho Contable o en su caso Contador Público, de la lista que emita la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, que coadyuvará en la contabilidad, las finanzas y la tesorería de la administración municipal.
Mirthea Arjona Martín (PRI), presentó una propuesta para declarar al coso Taurino de Tizimín, Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán, porque no sólo reúne eventos ganaderos sino también culturas y tradiciones familiares a lo largo de los años, con la difusión que se la hace a la Tradicional fiesta de la Epifanía del Señor o de los Santos Reyes.
En la plenaria del día, se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el Paquete Fiscal estatal 2020, consistente en diversas modificaciones y leyes nuevas a la legislación hacendaria del estado, que consideran presupuesto, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, entre otros; además, los paquetes fiscales municipales de 105 ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2020.
A la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, fue enviada la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo de Yucatán, en materia de Parlamento Abierto, suscrita por el PRI, así como la iniciativa para expedir la Ley de Viajes con Cargo al Erario, de tres diputados de Morena.
Por último, a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, fue turnada la iniciativa que reforma el inciso C de la fracción II del artículo 48, sobre las competencias específicas en materia de gobierno abierto, y el segundo párrafo del artículo 72, sobre la información obligatoria de los sujetos obligados, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, signada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión el próximo miércoles 4 de diciembre del presente año a las 11 de la mañana.
