La LXII Legislatura clausuró su Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, con la encomienda de refrendar la confianza hacia los ciudadanos y en el cual, fueron avalados diversos dictámenes en materia de llamadas de emergencia, adicciones, autoridades auxiliares y planificación familiar.
En la plenaria de este domingo, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar la Ley estatal de Seguridad Pública, para que el usuario de una línea telefónica o instrumentos tecnológicos que permita o realice llamadas a los sistemas de emergencia, para dar un aviso falso de alerta, será sancionado con multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización (UMAs) o con un arresto de 24 a 36 horas.
El promovente de la iniciativa, Luis Borjas Romero (PRI), indicó que lo anterior es debido a que las estadísticas oficiales indican que en Yucatán, durante 2018, de más de 850 mil llamadas de emergencia, aproximadamente 730 mil fueron improcedentes, es decir, no se canalizaron a ninguna corporación al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien llamadas no contestadas o falsas.
“Situación que entorpece el servicio y afecta la procuración eficaz a los avisos que requieren inmediata respuesta. En síntesis, cada llamada falsa pone en peligro una vida ya que todas las llamadas improcedentes aumentan el tiempo de respuesta en una emergencia real”, recalcó.
Además, los diputados aprobaron por unanimidad la adición del artículo 68 Bis y reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios, para establecer las funciones de las autoridades auxiliares, propuesta por Alejandro Cuevas Mena (PRD).
Asimismo, fue avalada por mayoría, con votos en contra del PAN, la Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana, en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por la Cámara de Diputados.
Karla Franco Blanco (PRI), señaló que este decreto surge en virtud de que existe una latente pérdida de confianza hacia las instituciones y falta de credibilidad a los servidores públicos, problemática que se ha ido incrementando año con año, por tanto, resulta necesaria la implementación de un nuevo diseño institucional, en donde estos conceptos sean la base para lograr una mayor interrelación entre el gobernante y el gobernado.
“Dotando a la ciudadanía de instrumentos que puedan hacer valer al momento de intervenir en el proceso de destitución de los servidores públicos”, resaltó.
De la misma manera, los legisladores avalaron expedir la Ley de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, para lo cual, el promovente de la iniciativa, Manuel Díaz Suárez (PAN) fue enfático en que esta nueva Ley contempla las adicciones a las sustancias, pero en especial, a las conductuales o comportamentales, como son los videojuegos y la ludopatía.
Incluso, detalló que la Encuesta Estatal de Adicciones, reporta que en 2014 el 3.3% de la población de Mérida cumplía con los criterios de adicción a internet, el 8.3% de adicción al teléfono celular y el 1.8% al criterio de ludopatía, y el Centro de investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, reveló que 7 de cada 10 jóvenes no duerme el tiempo adecuado por estar conectado a internet, ya sea en YouTube, Facebook, instagram o simplemente navegando en la conocida red.
“Es la oportunidad de darle a nuestro estado una importante y excelente ley, que tiene como principal objetivo, sentar las bases y disposiciones para que se concientice, prevenga y atienda de manera integral en Yucatán el grave fenómeno de las adicciones”, agregó Díaz Suárez.
Sobre el mismo tema, Milagros Romero Bastarrachea (MC) advirtió que la ludopatía es un problema “que está carcomiendo a jóvenes, amas de casa, jubilados y pensionados, porque los casinos han apostado por llamar más la atención de nuevos clientes, principalmente al primer sector social referido.
“Los jóvenes pueden ser el futuro de la adicción o pueden ser el futuro de la nación; por ello, no queremos que existan máquinas de juego cerca de escuelas, universidades o cualquier espacio como estos, al alcance de este grupo social”, subrayó.
También fueron aprobadas por unanimidad reformas a la Ley de Salud, en materia de Planificación Familiar, por lo que el promovente de la iniciativa, Warnel May Escobar (PRI), reveló que según el INEGI, el rango de mujeres entre 12 y 19 años han tenido hijos, un 17% del universo total de la población femenina, es decir, 2 de cada 10 yucatecas dieron a luz muy jóvenes, lo que significa que ni siquiera habían concluido sus estudios de educación secundaria.
“Por tal razón tenemos que apoyarnos en lo que la planificación familiar nos propone ya que es el elemento sustantivo en la promoción de la salud, que permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva”, expresó.
Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad ajustar las fechas de entrega del Reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín” y la Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar”, en febrero de 2020, así como en los primeros 15 días del mismo mes, realizar la emisión de la convocatoria del Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo”.
De igual forma, la LXII Legislatura avaló por unanimidad otorgar la Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar” al pintor, historiador de cine y escritor Gabriel Ramírez Aznar, por su gran obra en el campo de las bellas artes, como lo mencionó en tribuna Mirthea Arjona Martín (PRI).
En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) reconoció a la actual Legislatura por ser más madura y unida, trabajando por el bien de Yucatán, porque son responsables de cada voto con el fin de refrendar la confianza de los ciudadanos, “para que vean que sí sirven los diputados”.
También, presentó una iniciativa para reformar el artículo 115 del Código Penal del Estado, en materia de violencia familiar, porque es un problema de salud pública, para establecer que no podrá otorgarse el perdón de los ofendidos.
Fátima Perera Salazar (Morena), dio lectura a un posicionamiento de ciudadanos de Chemax, que denuncian la falta de equidad en la aplicación de programas de apoyo, en particular de Vivienda, porque el alcalde de dicho municipio influye en esta actividad.
En respuesta, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) aclaró que el Gobierno Federal lleva a cabo el padrón para este programa y además recortó los recursos para los 106 municipios; en el caso de vivienda, es un convenio entre los gobiernos federal, estatal y municipal donde cada uno aporta por partes iguales y se espera que para el próximo año se efectúen 17 mil acciones en la materia.
En la sesión de clausura, también se turnaron a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para adicionar artículos a la Ley de Gobierno de los Municipios y a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública, signada por Miguel Rodríguez Baqueiro; así como la que modifica dos párrafos del artículo 94 de la Constitución Política del Estado, presentada por Movimiento Ciudadano, y la propuesta para expedir la Ley de Archivos, de Manuel Díaz.
A la comisión de Salud y Seguridad Social, fue enviada la iniciativa para expedir la Ley para la Atención Integral de Cáncer de Mama, suscrita por Movimiento Ciudadano; a la de Arte y Cultura, la propuesta para declarar el Coso Taurino de Tizimín, Patrimonio Cultural Intangible del Estado, presentado por Mirthea Arjona Martín (PRI); al igual que a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal, en materia de Feminicidio, de Janice Escobedo Salazar (PRI).
En la sesión de clausura también fue aprobada la integración de la Diputación Permanente, a propuesta de Janice Escobedo, la cual fue instalada posteriormente y fungirá del 16 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
Este cuerpo colegiado estará conformado por Enrique Castillo Ruz (PRI), como presidente; Lila Frías Castillo (PRI), vicepresidenta; Katia Bolio Pinelo (PAN) y Luis Loeza Pacheco (Morena), como secretarios; Miguel Rodríguez Baqueiro y Fátima Perera Salazar (Morena), secretarios suplentes.
Previamente, en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se distribuyó entre sus integrantes la Minuta para reformar la Constitución Política Mexicana, en materia de condonación de impuestos, para que se deje de realizar esta práctica.
