La LXII Legislatura clausuró su Segundo Periodo Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en el cual se realizaron un total de 45 actos legislativos que incluyeron 32 reformas a leyes estatales, cinco leyes nuevas, cuatro reformas a la Constitución local, dos a la Federal y dos al Reglamento de la Ley de Gobierno de este Poder Legislativo.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI), abundó que, durante los dos años de ejercicio constitucional, la actual Legislatura ha analizado poco más de 150 iniciativas que han impactado en más de 100 reformas a leyes estatales, nuevas reformas a la Constitución General de la República y a la propia del Estado de Yucatán, entre muchos otros actos legislativos.
Además, el también coordinador de la fracción del PRI, reconoció a todo el personal del Congreso de Yucatán que aún en medio de esta pandemia por el Covid-19 y en medio de los momentos difíciles, han cumplido más allá de lo que el propio trabajo les exige y han puesto por encima, incluso de su propia salud, el bienestar de Yucatán.
“En días hábiles e inhábiles, insisto, sin importar, incluso situaciones personales, entiendo y valoro que cada una de las diputadas y diputados de este Congreso hagamos nuestra parte, pero hay que destacar de manera fundamental la participación de nuestras compañeras y compañeros que antes he mencionado”, enfatizó.
La coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, resaltó que no es fácil construir acuerdos con siete fuerzas políticas, donde los pensamientos son diferentes, pero se tiene la responsabilidad de sacar adelante al estado; además de que aclaró que se ha trabajado mucho más que en cualquier periodo ordinario con la adrenalina de salir en una situación inédita, como es la contingencia sanitaria por el Coronavirus, la cual se desconoce cuándo terminará.
“Las sesiones han sido largas, porque todos hemos participado y se nota la experiencia que hemos ganado en el trabajo y el resultado que le queremos dar a los ciudadanos; agradezco el respeto, en lo personal tenemos diferencias políticas e ideológicas, pero nos conocemos y reforzamos lazos de amistad”, añadió.
La coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, señaló que sólo se han desahogado 55 puntos de las 149 acciones de la agenda a la cual están comprometidos, al igual que todavía queda pendiente analizar reformas electorales y la Ley de Archivos.
El coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, coincidió que, aunque no se trataron muchos temas en este periodo, se debió a la contingencia sanitaria pero los puntos fueron acordados por la Junta de Gobierno de esta Soberanía.
El representante de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, indicó que discernir y tener un criterio es una virtud de pocos, pero esta Legislatura ha demostrado madurez con diferentes posturas, “pero no nos hace enemigos, sino que nos fortalece y nos hace firmes”.
Por último, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI), reiteró que la pandemia del Covid-19 ha representado un importante desafío para las labores de este órgano Legislativo, sin embargo, sujeto a las medidas de distanciamiento social y prevención del contagio, ha continuado con la labor de aprobar y modificar leyes, debatir acciones económicas de emergencia y supervisar el actuar de todas las entidades de gobierno.
La sesión ordinaria de clausura inició con un minuto de silencio por parte de los 25 diputados por el sensible fallecimiento de quien fuera diputado en la LIX Legislatura, Jorge Félix Várguez Canul, en fecha reciente.
Así mismo, con el voto en contra de la fracción de Morena, se aprobó por mayoría expedir la Ley para Fomentar y Promover el no Desperdicio de Alimentos en el Estado, que tiene por objeto, contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad por carencia alimentaria, determinados por la autoridad competente.
La proponente de la iniciativa, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) mencionó que consumidores y servicios de comida son los que mayor desperdicio de alimento crean en la cadena de suministros y, en contraparte, la desigualdad y la pobreza alimentaria es una realidad.
“Por ello, presenté esta iniciativa con el fin de establecer principios y criterios que orienten las políticas públicas, la competencia de las autoridades y la participación de los sectores público, social y privado, para promover acciones que generen el aprovechamiento integral de los alimentos, una cultura que evite su desperdicio y procurar su donación solidaria a favor de la población que más lo necesite”, aseveró.
Al manifestarse en contra, Leticia Euán Mis (Morena) afirmó que “la otra cara de la moneda” es que la ley habla de incentivos fiscales y del estado, que pagarán los yucatecos a manos de los empresarios donadores, además de que se reduce la base tributaria, entre otros beneficios.
Su compañero y coordinador de la fracción, Miguel Candila Noh (Morena), agregó que las empresas deben donar de manera gratuita, sin ningún incentivo, porque de lo contrario lo pagará el pueblo.
En respuesta, la también coordinadora de la fracción del PAN, Díaz Lizama, indicó que en la Ley se establece que cualquiera que done puede recibir incentivos, mismos que en su mayorías son utilizados para gastos de operatividad de las distintas asociaciones que operan sin fines de lucro, porque, señalo, lo que se busca es motivar esta acción y con esto beneficiar a quienes menos tienen.
Aunado a esto, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, aclaró que se les considera una cuota de recuperación hasta un 10% del valor, es decir, “si una despensa tiene un costo de 200 pesos, se le pide a la familia beneficiada que pague 20 pesos” pero, continuó, el artículo 20 de la Ley mencionada, también plasma que, si una familia no tuviera para aportar, no se le cobraría absolutamente nada.
El también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, destacó la normativa que tiene por objeto regularizar acciones que ya existen y busca incentivar la participación de la donación y evitar el desperdicio de alimentos, “que no es cosa menor, porque estamos hablando de toneladas de alimentos”.
De la misma manera, Alejandro Cuevas Mena (PRD) reiteró la invitación a no desperdiciar la comida, porque ayuda a las personas que más lo necesitan; mientras que, Milagros Romero Bastarrachea (MC) lamentó que esta iniciativa que pretende brindar alimentos a la gente que no tiene que comer, no se apruebe por unanimidad.
En la plenaria, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambas del estado, en materia de personas de talla baja, que también armoniza el marco jurídico estatal con el nacional.
La diputada María Moisés Escalante (PRI), manifestó que este dictamen reconoce que las personas que viven con esa condición comúnmente son víctimas de discriminación y enfrentan barreras que les impone su entorno social para lograr su inclusión plena y efectiva.
“Por tal razón, se propone proteger y garantizar el goce pleno de sus derechos en condiciones de igualdad, así como también el respeto de su dignidad, asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”, recalcó.
Así mismo, la legisladora Lila Frías Castillo (PRI), añadió que pretende visibilizar a este grupo de personas que hasta el día de hoy no son contempladas dentro de las políticas públicas de nuestro estado, por no ser considerado este padecimiento como una discapacidad; incluso, dijo, no existen cifras oficiales por parte de ninguna institución pública de salud o de estadística.
“Con esta reforma, le estaremos dando voz y cabida a las personas de talla baja dentro del esquema de derechos, atención y cuidados que necesitan y por sobre todas las cosas estaremos evitando que sean discriminados por su condición, ya que estaremos garantizando su inclusión plena a nuestra sociedad”, reiteró.
También, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad reformar y adicionar diversas fracciones al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, para lo cual, la diputada Karla Franco Blanco (PRI) consideró que a través de esta reforma, los Ayuntamientos podrán establecer programas para prevenir el suicidio, llevando a cabo convenios de colaboración y otorgar asistencia necesaria a las familias, ante el aumento de casos en Yucatán.
En su turno, Kathia Bolio Pinelo (PAN) invitó a los presentes a sumar y aportar para disminuir los índices de casos de suicidios, por lo que se requiere actuar y contar con más aliados que atiendan la salud mental, porque este problema social afecta cada vez más a menores de edad.
De la misma forma, los 25 diputados aprobaron por unanimidad modificar el artículo 348 del Código Penal del Estado, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa.
Sobre el tema, Luis Borjas Romero (PRI), informó que el objetivo del producto legislativo es generar una nueva cultura en el tema de los incendios, ya que estos, cuando se provocan de manera irresponsable afectan, no solamente el medio ambiente, sino también la salud y la seguridad de las personas.
Mirthea Arjona Martín (PRI), puntualizó que los jueces penales se encuentran impedidos para llenar lagunas jurídicas, como ocurre con el delito de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa, por lo que esta reforma pretende generar en los yucatecos conciencia en el tema y otorgar al Poder Judicial herramientas que proteja a los afectados por los siniestros intencionados.
Por otro lado, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad dos convocatorias para la designación de un Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), así como para la elección de dos integrantes del Consejo Consultivo del mismo organismo.
También, fue avalada por unanimidad la integración de la Diputación Permanente, que fungirá del primero de junio al 31 de agosto del año en curso, cuya propuesta fue de Enrique Castillo Ruz (PRI) y la cual se instaló al terminar la sesión plenaria.
Este cuerpo colegiado estará conformado por Janice Escobedo Salazar (PRI), como presidenta; Kathia Bolio Pinelo (PAN) y Fátima Perera Salazar (Morena), secretarias; María Moisés Escalante (PRI), presidenta suplente; así como Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) y Luis Loeza Pacheco (Morena), secretarios suplentes.
Además, fue aprobada la moción suspensiva al dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo, a propuesta del diputado Felipe Cervera, porque hasta la presente fecha, no ha sido publicada la reforma a la Constitución en el tema y no se puede modificar la Ley secundaria, por lo que regresará para su estudio a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
En asuntos generales, la diputada Milagros Romero se pronunció en contra de la Ley Seca, porque durante su implementación han aumentado los casos de violencia familiar y abuso sexual, según cifras del Instituto de la Mujer de Mérida y el Observatorio del Feminicidio en Yucatán, así como el consumo de bebidas alcohólicas que ha cobrado vidas o ha dejado lesiones físicas permanentes, por lo que pidió al Gobierno del Estado que se tomen acciones frontales ya que “la ley seca no funciona”.
El representante del PRD, Alejandro Cuevas Mena, manifestó su preocupación por que este día finaliza el apoyo por parte de los programas del Ejecutivo estatal, con motivo de la contingencia sanitaria, además de que aún no se ha informado al respecto, por lo que pidió a sus compañeros diputados a crear un plan de austeridad para ayudar a los yucatecos.
Desde su curul, Fátima Perera Salazar (Morena), mencionó que todo ciudadano tiene el derecho a disentir, que es respetable y es sano en las sociedades; sin embargo, no se pueden auto otorgar la opinión de la mayoría de los yucatecos en el ejercicio significativo de las democracias y las elecciones, ante las manifestaciones en contra del presidente de la República por su visita al estado.
En su turno, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del estado, con el fin de establecer que comete el delito de robo de identidad, quien por cualquier medio se atribuya la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad con fines ilícitos o de lucro para cometer conductas ofensivas, obtener recursos financieros para sí o a favor de terceros o la realización de cualquier otro delito previsto en las disposiciones legales.
Haciendo lo propio, Luis Borjas entregó una propuesta que reforma el artículo 321 y adiciona el artículo 321 Bis del Código de Familia para el uso de la tecnología en la impartición de justicia en materia de convivencia de las relaciones materno-paterno filiales.
Por último, Manuel Díaz Suárez (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del estado, de sus Municipios y de los Órganos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, para especificar un procedimiento claro para calificar los riesgos de trabajo, así como la obligación de las Dependencias Públicas de notificar al ISSTEY cuando se actualice algún riesgo de trabajo en el que se vea afectado un trabajador público.
En otros temas, se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, la Cuenta Pública 2019 presentada por los Poderes Públicos del Estado, así como de los Ayuntamientos y de las Entidades municipales y estatales, así como de Organismos Autónomos.
A la comisión de Salud y Seguridad Social, fue enviada la iniciativa para modificar la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad del Estado, suscrita por María Moisés Escalante (PRI); así como a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para reformar diversas fracciones al artículo 87 de la Constitución Política del Estado y al artículo 52 de la Ley de Educación estatal, para establecer en la educación básica una asignatura en materia de igualdad de género y grupos vulnerables.
Al igual que se dio a conocer el Oficio suscrito por el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, sobre el estado de la deuda pública al 30 de marzo del presente año y un oficio signado por la Secretaría de Administración y Finanzas.
