Las autoridades federales y estatales cierran el cerco para detener, en cualquier momento, a Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación, en el gobierno de Roberto Borge Angulo, quien luego de perder un amparo y subsistir su orden de aprehensión, quedó contra la espada y la pared.
Se trata de ‘El Príncipe de Ucú’, humilde municipio al noroeste de Mérida, con menos de 3 mil 500 habitantes, donde su hermano, Manuel Alberto Guillermo Molina, entonces un nini de 23 años, quien llegó con 32 millones de pesos para comprar de contado 156 hectáreas, justo en tiempos en los que su hermano era el tesorero de Quintana Roo.
Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmaron su no amparo, luego de la revisión de su sentencia.
El ex secretario de Finanzas podría ser detenido en cualquier momento, después de que se resolviera el amparo 115/2018 que promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito que le negó la protección de la justicia federal, quedando subsistente la orden de aprensión en su contra, de acuerdo con la carpeta de investigación 143/2018 integrada por la investigación del caso VIP SAESA.
Juan Pablo Guillermo Molina, presuntamente desvió más de mil 460 millones de pesos sólo por el Impuesto al Hospedaje; otros hechos revelan estafas, fraudes y despojos de otros cientos de millones de pesos, al través de amigos y familiares, entre ellos su hermano Manuel Alberto Guillermo Molina.
Los recursos desviados estaban destinados para la realización de campañas de promoción y publicidad turística a nivel nacional e internacional, realización de estudios e investigaciones que apoyen a la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente a comportamiento pasado, presente o futuro en la actividad turística de los municipios del Estado.
En este caso, pese a haberse presentado 17 pruebas la XIV Legislatura (encabezada por Pedro José Flota Alcocer) y la entonces Procuradora General de la República, y su titular en la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, las desecharon.
En ese momento se argumentó que ni el Congreso Estatal ni Sefiplan dieron al Juez un domicilio dónde notificar a Juan Pablo Guillermo, por lo que el juzgador debió girar oficios a todas las dependencias estatales y federales para notificarlo como tercero interesado y como no se ubicó un domicilio exacto se desechó el caso.
En el caso de Ucú, Yucatán, mediante componendas entre autoridades federales y los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán le regalaron 156 hectáreas de tierra, propiedad de la Nación, a un nini de sólo 23 años de edad.
El municipio tiene una superficie total de 192.5, de tal suerte que con la venta el pueblo se redujo a 38 hectáreas. De casi 2 millones de extensión que tenía el poblado, disminuyó a 380 mil metros, donde deberán convivir los 3 mil 500 habitantes.
El resto, pertenece a Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano menor del ex titular de Sefiplan, que a su vez fue el mejor amigo de Borge Angulo.
Otro asunto fraudulento fue el de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en cuanto al crédito de 560 millones de pesos y la contraprestación de mil 80 millones de pesos más que dio Aguakan para la obtener la concesión del “sistema” de Playa del Carmen.
Sin dejar de pasar el desvío de recursos por parte del ex presidente de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, al asignar obra pública por un monto de más de 47 millones de pesos. El ex secretario de la Sefiplan desapareció luego de no asistir a la audiencia del inicio del procedimiento de sustanciación como parte de la revisión a las cuentas del ejercicio 2015 que realizó la Auditoría Superior del Estado y en particular por el crédito contratado por 560 millones de pesos a favor de la CAPA.
Ha vivido en Playa del Carmen, Quintana Roo; Ucú, Yucatán; Ciudad de México (donde se dijo que compartía departamento con Mauricio Góngora Escalante y Eliézer Villenueva Lanz); y Mérida, Yucatán.
Juan Pablo Guillermo Molina, es una pieza clave en el saqueo despiadado y sistemático que sufrió Quintana Roo el sexenio pasado, así como también uno de los que dañaron a varias generaciones que vieron canceladas las posibilidades de ver satisfechas sus necesidades más apremiantes.
Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje en toda esta serie de trapacerías a nuestra Entidad, del universo de casi 12 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus testaferros tan solo entre 2015 y 2016, a él en particular se le relaciona con el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos, por eso se encuentra prófugo.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el hoyo financiero superó los 16 mil millones de pesos, pero en instancias de gobierno se habla de que el quebranto fue superior a los 30 mil millones de pesos.
Antes de ser titular de la Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina sólo había ocupado el puesto de director de finanzas del municipio de Solidaridad en el trienio de Román Quian (2008-2011) y de ahí pegó el salto a “grandes ligas” al arribar a la gubernatura Roberto Borge Angulo.
De abril de 2013 a marzo de 2015 fungió como titular de la Secretaría de finanzas y Planeación del gobierno del Estado (Sefiplan), antes Secretaría de Hacienda, ya que pidió licencia por “motivos personales”, aunque en realidad su ausencia del cargo fue para buscar la alcaldía del municipio de Solidaridad para blindarse de los embates legales que se veían venir en contra suya a través del fuero, sin éxito alguno. Luego se reincorporó al gabinete estatal en agosto de ese último año hasta el final del mandato borgista en 2016.
EMPRESAS FANTASMA EN MÉRIDA
Fue el creador de cuatro empresas fantasma en Mérida, Yucatán, mismas que le sirvieron para lavar alrededor de 300 millones de pesos anuales. La primera de ellas fue Maquinarias y Servicios Peninsulares S. A. de C. V., que supuestamente alcanzó un ingreso mensual de 5 millones 630 mil pesos, lo que al año le arrojaba ganancias de casi 68 millones de pesos.
Otra de ellas fue YAGSA Constructora Inmobiliaria S.A. de C.V., con entradas de 5 millones mensuales y 60 millones de pesos durante cada ejercicio fiscal. Serprosur S. de R. L de C. V., fue otra de las empresas pantalla para lavar casi siete millones de pesos mensuales y acumular poco más de 83 millones de pesos anuales.
Estas empresas, no contaban con activos, personal, infraestructura o capacidad material para brindar los servicios, producir y comercializar los productos ofertados, además de que en los domicilios donde supuestamente se podían localizar dichos negocios habitaban personas que desconocían la situación o bien lucían vacíos.
Con el afán de corregir todas las desviaciones financieras a través de las acciones burdas e improvisadas del titular de Sefiplan al robar el dinero de los quintanarroenses, éste contrató los servicios de una empresa denominada “Finsago” S. A. de C. V., que se encargó de realizar una serie de estudios y análisis en ese sentido, que de igual manera no dieron ningún resultado en términos de efectividad, pero si resultaron muy onerosos pues por ellos se pagó 6 millones 452 mil 353 pesos.
Otro pago igual de elevado, para arreglar los quebrantos financieros de Guillermo Molina, lo recibió la consultora BS&Consulting S.A. de C. V. por el orden de los 7 millones de pesos bajo el grotesco concepto de “medir la ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de proceso, personas, sistemas internos, tecnología en la presencia de eventos externos imprevistos”. Lo anterior da cuenta de la forma en que se operó el sexenio pasado.
Al ex funcionario borgista terminó por acabarlo jurídicamente, y dejarlo en la indefensión total, la improcedencia de una solicitud de sobreseimiento por parte de su defensa ante los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral de acuerdo a la carpeta administrativa 151/2017.
En esa diligencia el Juez resolvió, que además de que dicha defensa no tenía personalidad jurídica para defenderlo, tampoco podía continuar la audiencia al no encontrarse presente -por estar prófugo de la justicia- el imputado como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que fue desechada esa solicitud de suspensión del proceso legal en contra de éste.
Fue así que los días de gloria terminaron para uno de los funcionarios más rapaces y corruptos que jamás hayan ocupado cargo alguno en el gobierno del Estado de Quintana Roo.
