En la plenaria, la LXII Legislatura aprobó los dictámenes para reformar el Código Penal estatal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres y la que extingue al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; al igual que las modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado.
En materia de las mujeres, Luis Borjas Romero (PRI) detalló que se contempla aumentar las penas de los delitos sexuales como hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual y estupro, los delitos contra la vida e integridad corporal como son la esterilidad provocada; así como el feminicidio, cuya pena será hasta un máximo de 60 años para castigar severamente a quien incurra en tal conducta.
De la misma manera, el obstaculizar o condicionar el acceso a un empleo por medio de requisitos vinculados con su sexo, edad, físico, estado civil o condición de madre queda tipificado como delito de violencia laboral; al igual que diversas conductas atribuidas al personal de las instituciones de salud públicas o privadas durante el embarazo, el parto, el puerperio o en alguna emergencia obstétrica de las niñas, adolescentes o mujeres se tipifica como violencia obstétrica.
En su turno, Kathia Bolio Pinelo (PAN) recordó que 6 de cada 10 mujeres en México y una de cada tres en el mundo, han experimentado un acto de violencia y es por ello que no se debe permitir ni justificar una acción contra una mujer, por lo que es importante fortalecer y actualizar el marco jurídico “para garantizar justicia a las víctimas y mayores sanciones para quien cometa este tipo de delitos”.
Con respecto a los derechos a discapacitados y como promovente de la iniciativa, Bolio Pinelo señaló que actualmente existen 10 millones de personas con discapacidad en el país que sufren y luchan a diario contra la adversidad y la discriminación, por lo que era necesario tener un producto legislativo “con políticas públicas con visión inclusiva y no asistencialista”.
Agregó, que se establece estímulos en mismas cantidades que cualquier deportista a las personas con discapacidad y se garantiza las funciones al nuevo Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado.
En su turno, María Moisés Escalante (PRI) indicó que se procuró la eficacia del derecho al deporte en congruencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; así como la implicación intrínseca de su derecho a la movilidad cuando exista un requerimiento de asistencia de algún aparato ortopédico, silla de ruedas, perro guía o animal de servicio.
En la plenaria del día, también se realizó la declaratoria oficial de ser aprobada en todos sus términos, las reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de Revocación de Mandato, toda vez que se recibieron 56 constancias de sesiones de cabildos, siendo éstas 36 en negativo y 20 en positivo, así como 50 sin responder en el plazo de 90 días naturales, por lo que se consideran como afirmativa ficta, quedando con 76 a favor.
Además, se aprobaron modificar 44 leyes, en materia de administración pública estatal, para lo cual, Karla Franco Blanco (PRI) manifestó que tienen el propósito de que el Titular del Ejecutivo estatal cuente con la organización administrativa, que le permita cumplir con sus tareas y objetivos, y que esto le permita impulsar políticas públicas que sean eficaces y que sean de beneficio social.
De esta manera, continuó, se actualizó la estructura orgánica y atribuciones de las diversas dependencias y entidades cuyas funciones o denominaciones cambiaron, así como se distribuyen las facultades de las instituciones ya existentes, de acuerdo a las competencias.
Así mismo, los diputados aprobaron por unanimidad la primera entrega de la Auditoría Superior del Estado (ASEY) del Informe Individual correspondiente a la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de 9 municipios y 18 organismos públicos.
Alejandro Cuevas Mena (PRD), aclaró que estos informes fueron revisados conforme a las disposiciones del nuevo marco normativo en materia de fiscalización de la cuenta pública, en la cual se procuró atender y aclarar las dudas que fueron oportunamente planteadas por los legisladores.
En otros temas, con 16 votos a favor y 8 en contra, se aprobó la moción suspensiva, presentada por Milagros Romero Bastarrachea (MC), del dictamen para adicionar el artículo 44 Bis de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, para prohibir que en los vehículos como bicimotos, motocicletas y cuatrimotos, se transporte a niños menores de 5 años de edad o que, aun habiendo cumplido esa edad, éstos no puedan sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal del pasajero.
La propuesta de la diputada establece que el producto legislativo sea regresado a la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura para un análisis más profundo, ya que no contempla temas como las personas con discapacidad.
En contraparte, Víctor Sánchez Roca (PAN) promovente del tema, señaló que es responsabilidad de todos velar por la niñez yucateca y promover en la sociedad yucateca una cultura de prevención; en el mismo sentido, Rosa Díaz Lizama (PAN) mencionó que la vida de las personas no tiene precio y menos las de los menores de edad, por lo que la seguridad está por encima de cualquier interés.
En respuesta, Romero Bastarrachea declaró que sería más eficiente trabajar en una Ley de Movilidad porque la seguridad se debe buscar para todos los yucatecos; mientras que Alejandro Cuevas señaló que sería más lamentable que si sucede un accidente de este tipo, además de la lesión o posible muerte de un pequeño, los padres vayan a la cárcel.
Por otro lado, se aprobó por mayoría un punto de acuerdo presentado por Luis Aguilar Castillo (NA) para que el Congreso de Yucatán, exhorte al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, y demás dependencias que sus trabajadores se encuentren adscritos al ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Honorable Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, procedan a implementar las medidas necesarias.
Para que los trabajadores de la educación y a todo el personal que atiende dicho instituto que optaron por el régimen de cuentas individuales antes del 31 de diciembre de 2007, y así lo determinen, puedan reincorporarse al régimen de pensiones y poder tener una vida digna que les permita alcanzar los diez salarios mínimos que determina la ley del ISSSTE.
En la sesión también se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la Minuta para adicionar un apartado C, al Artículo 2° de la Constitución Política de México, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, remitido por la Cámara de Diputados.
Además, a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se envió la iniciativa por el que se autoriza al Poder ejecutivo y a los Municipios del Estado a contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas, así como afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus dos componentes, y para que celebren los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten.
En asuntos generales, María Moisés presentó una iniciativa para incluir al Código Penal del Estado un catálogo de delitos susceptibles de la comisión por las personas morales, para evitar que existan vacíos legales para acciones u omisiones cometidas por personas morales que contravienen la ley y producen daños.
Haciendo lo propio, Manuel Díaz Suárez (PAN) entregó una iniciativa para crear la Ley de Edificios y Espacios Cardioprotegidos del Estado que pretende instalar dispositivos denominados Desfibriladores Externos Automáticos en espacios y edificios con flujos poblaciones mayores a 500 personas, así como procurar la capacitación de 30% del personal a efectos de poder procurar una debida atención en caso de surgir una emergencia cardíaca.
Por último, Milagros Romero presentó una iniciativa para reformar los artículos 313 y 315 del Código Penal del Estado para elevar las penas por violación sexual de 8 a 20 años de prisión, para que se armonice con la norma federal.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión el próximo lunes 15 de julio del presente año a las 11 de la mañana, para clausurar el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.
Distribuyen Iniciativa
En la comisión especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se distribuyó entre sus integrantes la iniciativa para declarar el 15 de junio “Día Estatal de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez”, signada por Kathia Bolio Pinelo (PAN).
Janice Escobedo Salazar (PRI) y María Moisés Escalante (PRI), mencionaron que esta propuesta es el primer paso para resaltar la importancia, el valor y el cuidado que deben tener los adultos mayores, para distinguir a este sector vulnerable.
