Mérida, Yucatán; 12 de diciembre de 2020.- La seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos es un eje central del actual Gobierno del Estado, lo cual se logrará mediante reformas a la norma estatal para que las propiedades no puedan ser motivo de abusos, delitos o especulaciones de la llamada “mafia inmobiliaria” sostuvo el titular del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy); Heide Joaquín Zetina Rodríguez.
La iniciativa busca modificar la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el Código Fiscal del estado y la Ley General de Hacienda y con ello crear una oficina que regule y evite transacciones ilícitas.
La propuesta, mencionó el funcionario estatal, es que los avalúos de las propiedades sean certificados y reales en el mercado comercial y que se hagan en apego a la ley y la transparencia y esto es basado en la actuación de los valuadores certificados en el estado.
Con esto, también se combate el lavado de dinero, delito de alto impacto en México.
Las y los yucatecos, precisó el funcionario estatal, que firmen transacciones inmobiliarias estén informados del valor y características del bien inmueble.
Esto, recalcó Zetina Rodríguez, protege a las personas que no tengan conocimiento del mercado inmobiliario, para que no caigan en fraudes.
«También se evitan afectaciones patrimoniales ante expropiaciones, por entidades de gobierno, invasiones, litigios comerciales donde se llega al remate de los bienes.
Tras un análisis exhaustivo de lo que se debe blindar a posibles delitos en la materia es importante evitar que se vuelvan a dar simulaciones en transacciones de compra venta.
Así, explicó, el Gobierno del Estado trabaja para combatir a la delincuencia organizada, a los defraudadores que se aprovechan la ignorancia de sus contrapartes, a los especuladores y a los agentes que regularizan tierras ejidales pagando a propietarios originales un precio y revendiendo inmediatamente a varias veces su valor.
De la misma manera, dijo, a los que venden lotes de inversión que no ofrecen servicios en sus desarrollos y basan su “competitividad” en costos bajos gracias a la evasión de impuestos y regularización barata de tierras.
Agregó que esta norma ya es aplicable en otras entidades del país en total apego a Derecho para beneficio de la ciudadanía.
«Debemos estar muy atentos como sociedad, pues hay muchas presiones de actores inmobiliarios con fuertes intereses en tráfico de tierras, lavado de dinero y fraudes a personas sin conocimientos inmobiliarios, debemos ver bien quien rechaza la iniciativa sin proponer soluciones a la problemática que la originó», finalizó.
