Con 14 votos a favor y 11 en contra, en lo general y lo particular, no se aprobó la iniciativa del Ejecutivo estatal para contratar uno o más empréstitos hasta por 1,728 millones de pesos que se destinarían a inversiones públicas productivas para la reactivación económica del estado en los ejercicios fiscales 2020-2021.

Lo anterior, por no conseguir las dos terceras partes del pleno de los legisladores (17 sufragios), como lo establece el artículo 117 fracción octava de la Constitución Política de Yucatán, por lo que la iniciativa se regresa a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.

En la discusión del tema, Víctor Sánchez Roca (PAN) manifestó que este crédito es la única vía posible y probable, sin apoyo de la federación y con poca recaudación, por lo que no se está poniendo en riesgo al Estado; al igual que agregó que para este tema “muchas diferencias son por afinidad de partidos políticos”.

En su turno, Luis Borjas Romero (PRI) dijo que el deber es con los yucatecos, por lo que pidió asumir responsabilidad para autorizar este empréstito, que tiene lineamientos del Plan de Reactivación Económica, que funge como vía para el ejercicio de los recursos que beneficie a los 106 municipios del estado.

En contraparte, Leticia Euán Mis (Morena) argumentó que al igual que el gobierno federal, los estatales en turno deben apretarse el cinturón durante esta contingencia sanitaria, dando prioridad de los apoyos para los más pobres y vulnerables del país, por lo que su voto es en contra de más deuda para Yucatán.

Por otro lado, Lila Frías Castillo (PRI) indicó que “nadie va a ser más bueno por aprobarlo y nadie va a ser más malo por rechazarlo, simplemente cada quien tiene que asumir su papel frente a la historia, la decisión que tuvo que tomar en este preciso momento, y será la historia quien juzgue nuestro actuar”; al igual que expresó que resistirá el embate de quienes tienen malas intenciones y respetará cualquiera que sea la voluntad de la mayoría o la voluntad de la minoría que no permita que se alcance la aprobación de esta iniciativa.

También en contra, Fátima Perera Salazar (Morena) señaló que nada asegura que todas las familias yucatecas contarán con este beneficio, además de que es notable la descalificación y la independencia de las y los diputados en sus opiniones y decisiones, por parte del Ejecutivo estatal, “que se muestra autocrático en denostar a quienes no piensan igual”.

A favor, Milagros Romero Bastarrachea (MC) abogó a que este asunto no se trata de quien tiene la razón, sino de hacer todo lo posible, porque todas las ideas deben salir adelante; así mismo, pidió que “vamos a quitarnos los colores, las presiones, y vamos analizar lo que hoy se está viviendo, porque vamos a llegar a situaciones más dramáticas”.

Por el contrario, Marco Rodríguez Ruz (PRI) expresó que está de acuerdo en apoyar a la ciudadanía pero no es válido enfrentar a los ciudadanos con los diputados, cómo lo hizo el Ejecutivo estatal, porque es una falta de respeto para todos los que conforman esta soberanía; añadió que se han buscado construir otras maneras para que el Gobierno estatal cuente con los recursos económicos sin necesidad de endeudar, al igual que recordó que existen 22 licitaciones de obras a contratar y existe ahorro en la Secretaría de Educación, al suspenderse las clases.

En respuesta, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) declaró que el Gobierno Federal sabe que la reactivación económica, ante algo inédito y desconocido, la mejor medida contra cíclica es la inversión pública y por tal motivo, retomó el proyecto del tren maya; por ello, en el mismo sentido, esta iniciativa necesitaba 17 diputados para marcar historia “y decirle sí a los yucatecos” o votar en contra por intereses políticos.

Con su posicionamiento en contra, Alejandro Cuevas Mena (PRD) propuso al pleno de los diputados donar la mitad de su sueldo, al igual que al Poder Judicial y Ejecutivo, además de reducir los gastos superfluos, para apoyar a los ciudadanos, porque “el camino es la austeridad para el ahorro público”.
Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) mencionó que se puede ayudar a la sociedad con esta iniciativa que no solo fue hecha por parte del Ejecutivo estatal, sino se hizo en conjunto con la sociedad civil organizada, empresarios y sindicatos.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, entregó un documento a la Mesa Directiva, suscrito por comunidades indígenas mayas de Yucatán, que se posicionan en contra de endeudar al estado con otro crédito, porque conlleva al aumento de derechos e impuestos, o al costo de los mismos, lo que es contrario al interés del pueblo; además, pidió que se respete la decisión de esta soberanía, ya sea a favor o en contra de este u otro asunto.

Luis Aguilar Castillo (NA) mencionó que todos los argumentos son válidos, pero “difiero que hay que esperar a ver qué pasa”, porque si se aprobara el empréstito se le daría una respuesta a la sociedad, porque será la cara del Congreso estatal hacia la sociedad.

Miguel Candila Noh (Morena) sentenció que solo a un sector le llegaría el apoyo de aprobarse este crédito y recordó que el proyecto del tren maya será a largo plazo, que tendrá una derrama de dinero durante varios años, sin solicitar deuda.

En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) advirtió que la ley seca aplicada en el estado ha causado muertes, detenidos, intoxicaciones y un alza de quejas por violencia intrafamiliar, además que ha aumentado la venta clandestina, los robos en agencias e incluso, la comercialización de alcohol adulterado.

Ante ello, pidió a la Secretaría de Salud analizar la aplicación de la Ley Seca para presentar los resultados obtenidos de la misma y a la Secretaría de Seguridad Pública para que brinden información de las investigaciones sobre los puntos de venta de alcohol clandestino y se castiguen a los responsables, al igual que al Gobierno del Estado un estudio profundo de los beneficios de esta medida.

De la misma manera, Lila Frías Castillo (PRI) hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal, al Director general de la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que no se aplique ningún incremento o actualización en las tarifas de energía eléctrica durante la pandemia del COVID 19, esto en apoyo de todos los sectores de la población que necesitan la energía eléctrica para las actividades más elementales del hogar, así como también como medida de apoyo para los empresarios y comerciantes que tendrán que enfrentar escenarios adversos al  momento de iniciar sus actividades comerciales.

En la plenaria, también se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la iniciativa por el que se adiciona el capítulo xv en el título tercero de la Ley de Hacienda Municipal del estado, en materia de servicios de protección civil municipal, signada por el Alejandro Cuevas Mena (PRD).

También, la iniciativa por el que se autoriza al municipio de Motúl, a contratar empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 y se modifica en consecuencia, su respectiva Ley de Ingresos; así como otras tres iniciativas, en los mismos términos que la anterior, de los ayuntamientos de Panabá, Progreso y Umán.

A la comisión de Justicia y Seguridad Pública, se envió la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía, propuesta por Miguel Candila Noh (Morena); así como a la comisión de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la propuesta que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado, en materia de sanciones a conductas discriminatorias motivadas por condiciones de salud, suscrita por Janice Escobedo Salazar (PRI).

Para finalizar, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo, informó que se convocará a la siguiente sesión ordinaria con 24 horas de anticipación, vía oficio a todos los diputados, especificando hora y lugar.

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